Cuando la Irish Land League propuso rebajar el precio de los arrendamientos para paliar las penurias de los agricultores y granjeros irlandeses de finales del XIX, el administrador de las fincas que el conde de Erne disponía en el condado de Mayo se opuso drásticamente y expulsó de sus tierras a los miembros de la Liga.
Charles Parnell, su presidente, reaccionó rápido. Aunque la suya no fue una respuesta violenta. Parnell convocó a agricultores y comerciantes para sugerirles que dejasen de trabajar y vender al administrador. Este se vio obligado a contratar a gente y a obtener provisiones de otros pueblos, lo que le supuso un coste adicional con el que no contaba y que acabó por diezmar sus ahorros. Cuando el periódico The Times se hizo eco del suceso, se refirió al bloqueo al que se sometió al administrador como «boycott», tomando como epónimo el apellido de este: Charles Cunningham Boycott.
Era la primera vez que el término se utilizaba en este sentido aunque no fue el primer el boicot de la historia. A lo largo de esta no son pocas las ocasiones en las que se ha recurrido a los bloqueos comerciales como forma de protesta ante una situación considerada injusta. En ocasiones, el objetivo a boicotear no depende tanto del «qué» como del «dónde», esto es, del origen del producto en cuestión. Ocurrió cuando Gandhi propuso a sus compatriotas dejar de comprar productos británicos como forma de protesta contra la ocupación de este imperio en la India. O recientemente con el boicot propuesto desde diferentes plataformas mexicanas que proponían no adquirir productos estadounidenses para manifestar su rechazo a la política xenófoba de Trump.
En España, el denominado conflicto catalán lo convirtió en tema de actualidad hace un tiempo y aún hoy hay quien lo mantiene en vigor. El boicot comercial que algunos consumidores promovieron contra los productos y marcas originarias de dicha comunidad puso en alerta a las compañías de la zona, temerosas de que el enfrentamiento político entre el Gobierno central y la Generalitat acabase repercutiendo en su cuenta de resultados.
Con el llamado giro soberanista emprendido unos años atrás por el gobierno del entonces president Artur Mas se intensificaron las voces de quienes animaban a dejar de consumir productos de marcas catalanas como represalia a las pretensiones de los nacionalistas.
El cava fue una de las cabezas de turco. El sector calcula que en la última década las ventas en España han caído más de un 12% y achacan buena parte de la culpa al enfrentamiento político. Las exportaciones, que siguen en aumento, palían en parte aquella mala cifra, aunque para algunas de las empresas de esta industria no resulta suficiente.
Desde internet, grupos de consumidores elaboraban y compartían listas de productos a boicotear, la mayoría de ellos pertenecientes a la industria alimentaria. En ocasiones, estas se completaban con propuestas de marcas de otras procedencias que podrían servir de alternativa a las prohibidas.
El rechazo a lo catalán no solo provenía del consumidor final. Algunas empresas se posicionaron contra todo lo procedente de alguna de las provincias de aquella región. Uno de los casos más sonados lo protagonizó una compañía gallega, que paralizó el pedido de uniformes para sus empleados que había realizado previamente a una empresa de confección de Vilanova d’Escornalbou, en Tarragona, alegando como única causa su «rechazo ante la actitud de los gobernantes catalanes».
Por su parte, algunos grupos independentistas decidieron contraatacar alentando a los suyos de dejar de comprar productos de marcas que no etiquetasen sus productos en catalán. Algunas de las señaladas, entre ellas Coca Cola o Danone, tuvieron que salir al paso y explicar el porqué no lo hacían. Entre sus razones alegaban que el escaso espacio de las etiquetas les hacía imposible utilizar todos los idiomas oficiales de la península.
Antes de las catalanas, fueron empresas del País Vasco las que sufrieron el rechazo de parte del mercado español simplemente por su origen. Ocurrió antes del anuncio del alto el fuego por parte de ETA, cuando algunos consumidores señalaron a ciertas empresas vascas de financiar o apoyar de alguna forma u otra a la banda terrorista.
En los últimos meses, han saltado a la palestra sendos boicots hacia dos películas por las opiniones de parte de sus respectivos elencos sobre los españoles. En el caso de La reina de España, de Fernando Trueba, fueron las declaraciones de este donde aseguraba no haberse «sentido español ni cinco minutos» en su vida las que provocaron el movimiento que desde las redes sociales incitaban a no acudir a las salas de cine en las que se exhibía el film. Con algo más de 350.000 € recaudados durante el fin de semana de su estreno, no fueron pocos quienes achacaron tal batacazo a la citada campaña en contra.
Distinto resultado obtuvo la cruzada promovida para boicotear el estreno de El guardián invisible en la que participara la actriz Miren Gaztañaga. La intérprete saltó a la actualidad un tiempo atrás por tachar de «atrasados culturales» a los españoles en un programa de la televisión. Los más ofendidos recurrieron incluso al spoiler vía WhatsApp, desvelando a sus contactos el desenlace del thriller de Fernando González Molina con tal de hacer la pascua a Gaztañaga. Cosa que, al parecer, no consiguieron ya que la película obtuvo la recaudación esperada en taquilla.
A los conflictos domésticos se unen otros de carácter internacional que han propiciado más de un boicot comercial. En los últimos años, los productos procedentes de Israel han sido objeto de bloqueos por parte de plataformas afines a la causa palestina. Algo parecido ocurrió hace unas décadas con marcas de origen sudafricano, que fueron vetadas por diversos colectivos de todo el mundo como forma de protesta contra el apartheid.
Hacer daño al bolsillo de las grandes corporaciones y, por ende, presionar al gobierno del territorio del que proceden es el fin de este tipo de iniciativas. Para unirse a la causa, los consumidores más o menos concienciados con ella solo tienen que mirar la etiqueta del producto o consultar en internet para conocer su trazabilidad y saber a ciencia cierta si la marca en cuestión es «enemigo» a batir (= no comprar), o no.
